Se anuncia que el Poder Ejecutivo solicitará
delegación de facultades para legislar en materia tributaria. Ello constituiría
una buena oportunidad para reformar ciertas incoherencias e injusticias de
nuestro sistema tributario, efectuando una verdadera reforma tributaria. Nos
referimos, por ejemplo, a la gravísima discriminación existente en el Impuesto a
la Renta sobre las personas naturales en relación con las personas jurídicas. No
es equitativo que las empresas deduzcan todos los gastos necesarios que afectan
el giro de su negocio y las personas naturales sólo 7 UIT por todo concepto,
tratándose de rentas del trabajo dependiente (quinta categoría). ¿Por qué las
personas naturales no deducen todos los gastos necesarios para vivir como son
los gastos de luz, agua, vivienda, alimentación, salud, educación, seguros,
tributos (predial, arbitrios), etc.? Del mismo modo, ¿Por qué las personas
naturales casadas deducen las mismas 7 UIT que las personas naturales solteras?
¡Obviamente los primeros tienen muchísimos más gastos! Existe un mínimo no
imponible que debe respetarse y 7 UIT constituyen una burla. Ello afecta los
derechos fundamentales de la persona y de la familia, establecidos en la
Constitución como son la propiedad y el derecho a la salud, vivienda, educación,
etc. es decir, derechos a una vida digna. Una verdadera reforma tributaria
implicaría reformar en pro de la Justicia tributaria y el Bien Común, este
aspecto en relación a la personas naturales, lo cual acarrearía una mayor
recaudación y menos informalidad. Seguir afectando a las personas naturales con
menos deducciones o aumentando su carga tributaria constituiría un incentivo a
la informalidad y de eso ya tenemos bastante.
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